¿Cabe la indemnización del Estado por los daños producidos a consecuencia del coronavirus?

Sin embargo, inexplicablemente, la realidad pasa porque hasta hace dos días, las autoridades centrales, encargadas de la dirección política de nuestro Estado (artículo 97.1 Constitución Española), no han adoptado la más mínima medida al respecto.

Más al contrario, han actuado como si nada estuviese pasando. Sorpresivamente, cinco días antes de declarar el estado de alarma, nuestros políticos alentaron a la participación ciudadana en innumerables marchas por la reivindicación de la igualdad entre mujeres y hombres.

Son muchas las voces autorizadas que se vienen preguntando, ¿Por qué no fueron suspendidas dichas manifestaciones al suponer un foco ostensible de transmisión del virus?. ¿Cómo es posible que no se prohibiese la entrada -total o parcial- de viajeros procedentes de países con especial riesgo de contagio?. En su defecto, ¿Por qué no se emplearon medidas de detección del virus para dichos pasajeros o se les exigió que permaneciesen en cuarentena? ¿Cuál fue la razón por la que no se produjo acopio inmediato de medios sanitarios, como ahora denuncian muchos profesionales?.

Ante la absoluta inacción del gobierno central, la pasada semana, algunas comunidades autónomas, principalmente Madrid, empezaron a adoptar determinadas medidas como el cierre de colegios y universidades. Sin embargo, ¿qué sentido tiene dicha actuación, si la misma no fue acompañada de un confinamiento de los ciudadanos para evitar su propagación a otras partes de España, tal y como de hecho ha sucedido?. ¿Por qué no se aislaron los principales focos de contagio?.

Hasta tanto no se ha producido el descontrol más absoluto de la situación, ninguna directriz por parte de las autoridades centrales ha sido adoptada al respecto.

Y de esta situación de pasividad absoluta, ¿pasamos a un estado de alarma que paraliza por completo nuestro país, que restringe nuestra libertad de movimiento y que, en definitiva, crea el pánico en la población?.

Traigamos a colación, por ejemplo, casos reales como el fallecimiento a consecuencia del contagio en las marchas del 8M; o por detección tardía del virus, dado que al paciente no se le efectuó el test en una primera visita médica, o porque no se le ha atendido correctamente en el hospital a consecuencia de insuficiencia de medios. O simplemente, el personal médico que resulta contagiado por no disponer de material preventivo, tales como mascarillas y guantes,...

Antes situaciones de esta naturaleza, ¿sería responsable el Estado, debiendo de indemnizar económicamente a los ciudadanos por los daños y perjuicios causados por el coronavirus?.

En términos generales, la responsabilidad pública en este tipo de escenarios, quedaría excepcionada al considerar que se trata de en un episodio de fuerza mayor (pandemia o crisis sanitaria nacional). Así lo determina expresamente la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en cuyo artículo 32, se puede leer:

"1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley".

El concepto de "fuerza mayor", de la mano de la doctrina y de la jurisprudencia de nuestros tribunales de Justicia, ha sido definido como un acontecimiento que no sólo es imprevisible sino que, aun cuando se hubiera previsto, habría sido inevitable.

Igualmente, hemos de traer a colación el artículo 35 de idéntico texto normativo, al señalar:

"(...). "No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos".

Desde luego, de los citados preceptos se infiere, que en el supuesto de que el hecho en cuestión (los efectos del coronavirus en nuestro caso), pudiera haber sido previsto por el poder ejecutivo y, sin embargo, no se adoptaron las medidas oportunas con la antelación suficiente, sí que podría dar lugar a que operase el instituto de la responsabilidad patrimonial del Estado o, lo que es lo mismo, que éste tenga que indemnizar a los ciudadanos por los daños y perjuicios causados por esta pandemia.

Habrá que estar, por tanto, al supuesto concreto y si se demuestra que la autoridad competente, aún conociendo desde hace meses la grave situación existente por países vecinos (luego era previsible que lo mismo sucediese en nuestro Estado), no llevó a cabo las precauciones oportunas de forma inmediata, ni empleó los medios necesarios a su alcance, procedería defender el derecho indemnizatorio del ciudadano afectado.

Por último y ya en el seno del estado de alarma decretado, conviene preguntarse, si es viable jurídicamente que los establecimientos y locales afectados directamente por el mismo, soliciten las oportunas indemnizaciones por los perjuicios económicos que le ha supuesto la paralización forzosa de sus respectivas actividades.

La respuesta (dejando a salvo las reticencias que a buen seguro se impondrán), se torna afirmativa. Así lo establece, sin imponer mayor reserva, el artículo tercero, párrafo dos de la Ley Orgánica 4/1981, de los estados de alarma, excepción y sitio, al disponer que "Quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes".

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